En la querella presentada el pasado viernes 25 de febrero, a la que tuvo acceso Europa Press, se les acusa de ser "unas empresas que modulan, manipulan y generan situaciones, contraviniendo la legalidad penal, para obtener unos beneficios tanto directos como indirectos". Esta querella es la primera presentada en Europa contra las agencias de ´rating´.
En concreto, se acusa a estas agencias de actuar como un "oligopolio" -cuentan con un 90% del mercado-, lo que les permite regular y controlar los mercados financieros con sus informes de calificación, manejando "arbitrariamente" los precios.
La querella estima que las agencias han obtenido por estas prácticas unos beneficios anuales de 3.000 millones de euros, con márgenes de hasta un 50%. El 75% de sus ingresos provienen de las comisiones que cobran a los emisores por calificar sus títulos.
AGRAVAN LOS PROBLEMAS DE ALGUNOS PAÍSES
Esto, supone, además, un "conflicto de intereses", ya que los principales compradores de deuda pública son los clientes de las agencias. En este sentido, les acusan de rebajar la calificación de la deuda pública de los países, contribuyendo a agravar los problemas financieros de muchos países y de sus empresas.
Además, la querella considera que en los años previos a la crisis financiera emitieron calificaciones sobre entidades financieras "excesivamente optimistas" e "irresponsables". En este sentido, recuerdan las elevadas calificaciones concedidas al fondo de Bernard L. Madoff, a Lehman Brothers, quebrado en 2008, y a Enron, empresa energética que quebró en 2001 por fraude contable.
Los querellantes, que ejercen la acusación popular, son un grupo de abogados reunidos bajo la plataforma ´Unión por las Libertades Civiles y el Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales´ y dirigidos por los letrados Gonzalo Boye y Jaume Assens.